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Isabel Perón y jefes de la
AAA, con pedidos de capturas
y extradiciones por crímenes
Por Emilio
Marin
No es que los crímenes
cometidos durante la dictadura
militar hayan sido
totalmente investigados y menos
aún enjuiciados y castigados.
Todavía falta
mucho para eso. Ahora comenzó,
en rigor recomenzó, una tarea
similar
enfocando el período anterior al
golpe del 24 de marzo de 1976,
cuando la
organización fascista Acción
Anticomunista Argentina (AAA)
cometió 1.500
asesinatos políticos contando
con la venia del gobierno de
Isabel Perón.
Esa administración justicialista
está ahora jaqueada por dos
causas. Una la
tramita el juez federal Norberto
Oyarbide y apunta directamente
contra jefes
operativos de la Triple A como
el ex subcomisario Rodolfo E.
Almirón,
acusado de los crímenes del ex
diputado Rodolfo Ortega Peña, el
cura Carlos
Mugica, el ex subjefe de la
Policía Bonaerense Julio Troxler,
el intelectual
Silvio Frondizi y el abogado
laboralista Alfredo Curutchet,
entre otros.
El otro expediente lo lleva el
juez federal de Mendoza, Héctor
R. Acosta,
quien acaba de pedir a Interpol
la detención de la ex presidente
residente
en Madrid. La acusa de privación
ilegítima de la libertad y
torturas en
perjuicio de Héctor A. Fagetti,
un joven detenido en Mendoza por
fuerzas
policiales y militares en
febrero de 1976, un mes antes
del golpe, y que
nunca recuperó la libertad pese
a haber sido visto vivo en dos
cuarteles.
Dos ex ministros de entonces,
Antonio Cafiero (Economía) y
Carlos Ruckauf
(Trabajo), también están
imputados en la causa. Son los
únicos
sobrevivientes pues los demás
ministros ya fallecieron,
excepto el ex
presidente provisional Italo
Luder, quien padecería una
enfermedad mental
propia de su avanzada edad y fue
dejado de lado en las
actuaciones
judiciales.
Todos ellos firmaron el 6 de
octubre de 1975 los decretos
2770, 2771 y 2772
ordenando a las Fuerzas Armadas
entrar en operaciones para
"aniquilar el
accionar de los elementos
subversivos en todo el
territorio del país", como
aclaraba el texto del último de
esa serie. Isabel estaba de
vacaciones en
una residencia de la Fuerza
Aérea en Ascochinga, junto a las
esposas de los
tres comandantes, por lo que los
instrumentos del PEN llevaron la
rúbrica de
Luder. De todos modos la
presidente los ratificó y avaló
a su regreso a la
Casa Rosada, diez días después,
y lo más importante, los puso en
práctica
como máxima autoridad del Estado
y comandante en jefe de las
Fuerzas
Armadas.
Si esta causa mendocina no
hubiera dormido el sueño de los
justos, los
argentinos podrían haberse
ahorrado el pago de suculentas
sumas de dinero a
la señora de Perón en 1983, la
candidatura presidencial de
Luder ese mismo
año, la gobernación bonaerense
de Cafiero en 1997 y sus
senadurías
nacionales, y la gobernación del
"meta bala" Ruckauf, devenido en
canciller
y actual diputado. Hasta se
habrían salvado de verlo como
comentarista
internacional proestadounidense
en los noticieros de Canal 9.
De lesa humanidad
Las medidas ordenadas por
Oyarbide contra Almirón y otros
pistoleros como el
ex comisario Ramón Morales y
Miguel A. Rovira y el ex
director de la revista
fascista El Caudillo, Felipe
Romeo, así como las enviadas a
Interpol por su
colega mendocino, se
fundamentaron en que las
acciones de la AAA y la
represión derivada de los tres
decretos fueron catalogados como
crímenes de
lesa humanidad. De lo contrario
esos asesinatos, cometidos hace
más de
treinta años, habrían
prescriptos.
Particularmente Oyarbide fundó
su resolución en que "la
existencia de la
Triple A y los distintos hechos
cometidos por sus miembros,
obedecieron a
circunstacias políticas
enmarcadas en cuestiones
ideológicas y montadas
desde el aparato del Estado,
bajo cuya garantía de impunidad
actuó la
asociación". Así lo estampó en
su decisión del 26 de diciembre
último, de la
causa 1075/2006, que desairó la
aspiración de la defensa
jurídica de los
imputados de burlar la justicia
por la vía de la prescripción.
Y no es que la opinión pública
deba comprar la idea de que
Oyarbide y Acosta
sean magistrados impolutos e
independientes. El primero era
parte de la
lista de jueces de la
"servilleta" de Carlos Corach y
tenía relaciones de
amistad con comisarios de la
Federal acusados de
recaudaciones non sanctas.
El segundo fue testigo propuesto
por el banquero menemista Raúl
Moneta,
además de haber sido acusado por
el ex magistrado Luis Leiva de
avalar
apremios ilegales contra un
joven discapacitado.
Pero independientemente de la
calidad moral, o de la falta de
ella, las
actuaciones de esos magistrados
están bien orientadas. La
mayoría de los
organismos de derechos humanos,
incluso los que actúan en España
como el
Movimiento de Argentinos en el
Exterior y la Acusación Popular
de
Madrid -dirigidos por Lois Pérez
Leira y Carlos Slepoy
respectivamente-
avalaron la reapertura de la
causa Triple A y la calificaron
de "una buena
noticia".
Almirón, Morales y Rovira están
detenidos; Romeo está con pedido
de captura
lo mismo que Isabel Perón. La
viuda del desaparecido mendocino
declaró que
la orden contra la ex presidente
era una "noticia muy
movilizadora". Lo
mismo debe pasar por la cabeza
de los demás familiares y amigos
de los 1.500
masacrados por la Triple A.
Rol del peronismo
Las causas apuntan a un período
de la historia gobernada por el
peronismo,
en especial el de la viuda de
Perón, entre julio de 1974 y el
día que fue
desplazada por los militares.
La Triple A fue una cloaca donde
confluyeron policías como
Almirón y
Morales, jefes de la custodia de
Isabel y José López Rega;
militares de la
derecha peronista como el
coronel Jorge Osinde y los
capitanes Ciro Ahumada
y Héctor Vergez, que animaba la
seccional cordobesa "Comando
Libertadores de
América"; la banda nazi de
Aníbal Gordon y Eduardo Ruffo,
etc.
Sobre el organigrama y
funcionamiento de la asociación
ilícita las mejores
denuncias fueron hechas por
Rodolfo Walsh y la inteligencia
de Montoneros,
editadas en las revistas como El
Descamisado. Esto es así, mal
que les pese
a quienes aún consideran que
Mario E. Firmenich es "el otro
demonio". La
Juventud Peronista y el
peronismo revolucionario fueron
las víctimas
preferidas de la Triple A,
porque los organizadores de ésta
la habían
concebido para "depurar" el
movimiento de los "traidores,
zurdos e
infiltrados". "El mejor enemigo
es el enemigo muerto", se
ufanaba Romeo en
"El Caudillo", financiado por
López Rega desden Bienestar
Social, cartera
que también daba el dinero para
la compra de armas.
Cuando "el Brujo" cayó en
desgracia por movilizaciones de
los gremios y se
exilió en España, en julio de
1975, allá fue Almirón como su
custodia, en
base a un decreto firmado por
Isabel Perón. Almirón fue
entonces "culata" de
Manuel Fraga Iribarne, de la
derecha posfranquista, y se
involucró en la
muerte de dos integrantes de un
partido carlista opuesto a la
Falange. Fue
otra prueba, una más, de los
difusos límites del "ser
nacional" al que
adherían los fascistas criollos.
Gordon, Ruffo y Raúl
Guglielminetti se reciclaron
como eslabones de la
represión de la dictadura, bajo
la jefatura del general Otto
Paladino, de la
SIDE. Fueron asignados a
Automotores Orletti, un centro
clandestino de
detención que funcionó dentro
del Plan Cóndor coordinado con
las demás
dictaduras del Cono Sur. ¿Y
éstos eran los
peronistas-peronistas que iban a
salvar al país del golpe?
La causa sobre Triple A, como
otras de su tipo, se presta a
juegos
políticos. Ya se dijo aquí que
el presidente Néstor Kirchner
puede
aprovecharla para sepultar al
peronismo tradicional y formar
su
"Concertación Plural". Y que la
defensa de los genocidas alegará
que éstos
cumplieron las órdenes de
anquilamiento impartidas por un
gobierno
constitucional.
Lo que no está claro es si la
investigación salpicará o no al
ex presidente
Juan D. Perón, que fue el temor
de Eduardo Duhalde. Algunos
indicios en su
contra serían que varios de los
integrantes, como Osinde y
Ahumada,
debutaron en la masacre de
Ezeiza, en junio de 1973; y que
el primer
atentado firmado por el grupo,
fue contra Solari Irigoyen en
noviembre de
ese año. El general avaló la
actuación de Isabel y López Rega,
además dió
vía libre al golpe policial de
febrero de 1974 en Córdoba y
promovió a jefe
de la Federal a otro implicado
en la AAA, el comisario Alberto
Villar.
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