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Chile: La criminalización del
conflicto mapuche
Fernando
de la Cuadra
ALAI AMLATINA
La huelga de hambre iniciada
por un grupo de 31 presos
políticos mapuches en diversas
cárceles de Chile ya completó
los 40 días y las autoridades
chilenas todavía no han dado
ninguna respuesta a un conjunto
de reivindicaciones que han
levantado los huelguistas y las
organizaciones del pueblo
Mapuche. Las demandas que ellos
plantean a la autoridad son
justas y legitimas:
1. Por el derecho a un debido
proceso o juicio justo sin los
montajes político- judiciales
actuales y el uso de violencia
institucionalizada que incluye
la tortura;
2. Por el fin de la ley
Antiterrorista, hecha durante la
dictadura, y cuya aplicación a
la causa Mapuche permite todo
tipo de acciones ilegítimas
condenadas por las Naciones
Unidas. Su uso es facilitado por
la criminalización de las luchas
legítimas del pueblo Mapuche;
3. Por el fin de la Justicia
Militar que promueve la
impunidad a los crímenes del
Estado desde los tiempos de la
dictadura y que ahora acentúa su
guerra contra el pueblo Mapuche.
Fin del uso de procesos civiles
y militares a un mismo preso;
4. Por la libertad de todos los
presos políticos Mapuche
encarcelados; y
5. Por la desmilitarización de
las zonas Mapuche donde las
comunidades reivindican sus
derechos políticos y
territoriales.
Esta Ley Antiterrorista prevé la
aplicación preventiva por hasta
dos años de un sospechoso, así
como impide a los abogados de
defensa acceder a la
investigación o interrogar a
testigos cuya identidad es
mantenida en secreto. Es decir,
con la criminalización de la
causa Mapuche, el Estado chileno
ha transformado la solución
institucional y democrática del
conflicto, en una cuestión
estrictamente judicial, cuya
consecuencia más directa ha sido
la estigmatización de los
mapuches como un pueblo
violento.
Por su parte, la prensa escrita
y audiovisual ha ignorado esta
huelga de hambre, centrando las
informaciones en el drama que
afecta a 33 mineros sepultados
hace más de dos semanas en la
mina San José, al Norte del
país. Excepto por unos pocos
medios de comunicación, se ha
impuesto un vergonzoso manto de
silencio e indiferencia sobre
esta otra tragedia que asola a
Chile. Según las últimas
informaciones difundidas por los
familiares de los huelguistas,
la salud de la mayoría de ellos
se encuentra resentida después
de casi mes y medio sin ingerir
alimentos.
Frente a la perseverante lucha
de los mapuches por conquistar
sus derechos, el mutismo del
gobierno torna aún mas ilegitima
la aplicación de una Ley
Antiterrorista que ha sido
condenada por Naciones Unidas y
por organismos internacionales
de Derechos Humanos.
El estallido contemporáneo del
"conflicto Mapuche"
La expresión contemporánea del
conflicto entre los Mapuche y el
gobierno, las empresas
forestales y de energía
(embalses), se instaló a fines
de 1997 (1 de diciembre), fecha
en la cual fueron incendiados
tres camiones cargados con
madera que salían de un terreno
en litigio entre una empresa
forestal (Forestal Arauco) y las
comunidades de la zona de
Lumaco, Novena Región. La
población Mapuche de ese sector
argumentaba su pretensión de
recuperar los terrenos en manos
de la forestal apelando a sus
derechos ancestrales. Desde esa
ocasión y hasta la fecha, la
Intendencia de la Región de la
Araucanía ha interpuesto
diversos recursos en la Corte de
Apelaciones de Temuco para que
se aplicara la Ley de Seguridad
Interior del Estado y
actualmente la Ley
Antiterrorista, una de las más
nefastas herencias del régimen
dictatorial. Desde ese periodo,
el gobierno viene advirtiendo
que sancionará "con el mayor
rigor de la ley" a aquellos
grupos que insistan en desacatar
el Estado de derecho y algunos
de sus representantes vienen
realizando, desde hace ya un
tiempo, fuertes denuncias contra
las acciones "perpetradas" por
los comuneros.
A partir de esa fecha son
innumerables las ocupaciones,
los actos de protesta y acciones
de descontento que se han
producido en diversas
localidades del Sur del país,
algunas de las cuales
adquirieron inusitada violencia
por parte de los grupos en
conflicto: por un lado, las
comunidades Mapuches,
organizaciones ecologistas e
indigenistas, y por el otro, las
fuerzas policiales "del orden" y
guardias de seguridad
contratados por las empresas. En
la Región de la Araucanía se
desarrolla, por lo tanto, desde
hace varios años este conflicto
entre las comunidades Mapuche
que reclaman tierras
"ancestrales" y las empresas
agrícolas y forestales que
actualmente poseen los derechos
de propiedad sobre dichas
tierras.
Algunos de estos enfrentamientos
han cobrado la vida de jóvenes
integrantes del movimiento
Mapuche. Los hechos han
demostrado que quienes han
perdido la vida o los que han
sido agredidos en su gran
mayoría son integrantes de esta
etnia. La tensión generada por
estos asesinatos y por otros
gestos de violencia policial,
llevó al gobierno a declarar la
Ley Antiterrorista para juzgar
las acciones emprendidas por las
organizaciones Mapuches
responsabilizadas por los
ataques a empresas y
explotaciones aledaños a sus
comunidades. La aplicación de
dicha Ley ha sido criticada por
diversos abogados y
especialistas, que la consideran
una aberración jurídica en la
medida que atribuye como causal
de un acto terrorista a
cualquier persona que proceda a
"colocar, lanzar o disparar
bombas o artefactos explosivos o
incendiarios de cualquier tipo,
que afecten o puedan afectar la
integridad física de personas o
causar daño." Con esta
definición ambigua y sumamente
vaga puede ser encausado como
acto terrorista cualquier
actividad promovida por grupos
anti-sistémicos o movimientos
sociales que, por ejemplo,
puedan hacer uso de barricadas o
lanzar bombas molotov en una
manifestación.
Indiscutiblemente la violencia
represiva desplegada por el
Estado chileno va de la mano con
la mencionada estigmatización
del pueblo Mapuche, que en
muchas ocasiones es definido
como violento y sin ninguna
capacidad de dialogo, demasiado
obcecado por recuperar su
patrimonio.
Efectivamente, en muchas
oportunidades los Mapuches han
reaccionado de manera violenta a
la instalación de empresas
forestales o proyectos
hidroeléctricos en su
territorio, pero ello ha sido
provocado también porque no han
sido consultados previamente
respecto a estos
emprendimientos, excluyéndolos
de cualquier debate bajo el
pretexto (y el prejuicio) de que
estas comunidades son por
esencia contrarias al progreso
económico. La pregunta en este
caso es precisamente de que tipo
de progreso estamos hablando o
hasta donde dicho progreso
afecta los ecosistemas naturales
dejando una "huella ecológica"
de gran impacto, difícil de ser
contornada por simples medidas
paliativas. Las comunidades
Mapuches también están
concientes que muchos proyectos
realizados en ecosistemas
naturales poseen externalidades
ambientales negativas, las que
finalmente afectaran
directamente la propia
supervivencia y sustentabilidad
de esas comunidades. Como bien
nos recuerda Gonzalo Rovira en
su artículo, "Patrimonio natural
y políticas públicas", el
llamado progreso con su uso
creciente y dramático de
recursos naturales, tiende a
expandir la frontera, aumentando
la proporción de zonas
intervenidas, para satisfacer
así una creciente demanda por
bienes y servicios.
A ello se suma una concepción
más generalizada del Estado, que
se encuentra asociada a la
criminalización de la protesta
social. Las manifestaciones de
las organizaciones y las
comunidades muchas veces son
tratadas como un tema policial y
de seguridad interior, lo cual
termina justificando el uso
excesivo de la fuerza represiva
y la aplicación de la ley
antiterrorista a acciones de
propaganda que buscan llamar la
atención de esas mismas
instituciones. Según un reciente
informe del Relator Especial de
Naciones Unidas sobre los
Derechos y Libertades
Fundamentales de los Pueblos
Originarios, James Anaya, el
Estado chileno debe terminar con
el uso de la fuerza para pasar a
construir confianza y espacios
de mayor participación en las
negociaciones para responder a
las diversas demandas de este
pueblo, desde la restitución de
tierras ancestrales hasta
aspectos de acercamiento
intercultural, que incorpore la
noción de diferencia a partir de
la educación básica: "El mayor
desafío que tiene Chile es
transversal. Necesita construir
confianza, necesita que los
indígenas recuperen la confianza
perdida a causa de años de
historia…".
En este sentido, la estrategia
del gobierno socialista de
Michelle Bachelet también fue
muy contradictoria. Por una
parte, las autoridades habían
confirmado el Convenio 169 de la
OIT (Organización Internacional
del Trabajo) que consagra los
derechos de los pueblos
originarios, y que, por ejemplo,
obliga a los Estados
ratificantes a hacer una
consulta previa antes de
desarrollar cualquier proyecto o
emprendimiento en territorio
indígena. Por otra parte, el
gobierno intentó focalizar e
incluso transferir el conflicto
a determinadas comunidades, que
aparecían como el centro
neurálgico de las disputas por
tierra, siendo que el problema
tenía una magnitud bastante
mayor y más compleja. Las
acciones represivas tópicas
durante la administración de
Bachelet solamente escondieron
la raíz del conflicto, que si
bien posee un componente
tangible de demanda por la
tierra, también supone construir
una política indígena global que
pasa por cuestiones de
identidad, nacionalidad y
autonomía.
Desde la asunción del gobierno
de Piñera la situación del
pueblo Mapuche ha empeorado,
visto que su base de apoyo son
precisamente los mismos
empresarios agrícolas y
forestales que durante décadas
han participado en las acciones
de represión y despojo de esta
comunidad originaria. Con la
evidente oposición del gobierno
y la apatía y falta de
movilización de la sociedad,
existe un riesgo predecible que
la atención a las demandas de
los huelguistas sólo comience a
ser concedida después de algún
desenlace fatal. Eso seria un
error dramático e inexcusable
para cualquier país que aspira a
construir una convivencia
democrática mínima.
Notas
(1) Una cronología pormenorizada
de estas ocupaciones y de otro
tipo de manifestaciones (huelgas
de hambre, marchas, tomas de
caminos, tala de bosques, etc.)
se encuentra en los diversos
números de la revista del
Observatorio Social de América
Latina, publicada por CLACSO o
en los diversos documentos del
Observatorio de Conflictos
Ambientales editados por la Casa
de la Paz.
(2) Existen tres sucesos de
graves consecuencias que han
acaparado la atención de la
opinión pública nacional e
internacional. La primera fue el
asesinato del estudiante Mapuche
Edmundo Lemus (de 17 años) que
recibió una bala disparada por
las Fuerzas Especiales de
Carabineros mientras participaba
en una movilización pacífica de
recuperación de tierras
efectuada en el Fundo Santa
Elisa de propiedad de la
forestal Mininco, en las
proximidades de Angol. A
comienzos del 2008, el 3 de
enero, murió a causa de una
herida de bala disparada por la
Policía, el joven activista
Matías Catrileo (22 años). Otro
caso que provocó gran
consternación fue el asesinato
del comunero Jaime Mendoza
Collio (24 años), acontecido en
agosto del año pasado, tras el
desalojo policial de un fundo
agrícola en Angol.
Fernando de la Cuadra
Sociólogo chileno, Miembro de la
Red Universitaria de
Investigadores
sobre América Latina (RUPAL).
Agencia Latinoamericana de
Información
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Gentileza:: Alai-AmLatina
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