|
Papel Prensa: La justicia
tarda pero a veces llega
Aram
Aharonian
ALAI AMLATINA
La presidenta argentina,
Cristina Fernández de Kirchner,
denunció públicamente la
apropiación ilegal de la empresa
Papel Prensa SA por parte de los
dueños de los diarios Clarín, La
Nación y La Razón durante la
última dictadura militar
(1976-1983), y explicitó los
acuerdos entre éstos y la junta
militar que presidía Jorge
Rafael Videla, al difundir un
extenso informe basado en
documentos originales.
Tras sancionar la ley de
servicios de comunicación
audiovisual, que terminó con los
oligopolios mediáticos y tras 33
años de silencios cómplices e
impunidad, la Presidenta anunció
que envió a la justicia esta
información y al Parlamento un
proyecto de ley que declara de
interés público la producción de
pasta de celulosa y papel para
periódicos en este país.
¿Qué pasó en 1976? Los dueños de
los tres principales diarios de
esa época se apropiaron, en
complicidad con el Estado
terrorista, de la empresa que
las permitiría monopolizar la
producción de papel para diarios
en la Argentina, una especie de
dictadura contra la libertad de
expresión.
En esa maniobra realizada en el
tramo más brutal y fundacional
de la dictadura, se apeló a la
tortura y el secuestro de los
accionistas originales de la
empresa, y fue parte de la
alianza estratégica entre la
Junta militar y los personeros
de los grupos
económicos-mediáticos más
grandes de la Argentina, que
necesitaban del terrorismo de
Estado para eliminar la
disidencia política y social que
se oponía a sus intereses.
Los dictadores, garantizaban la
prensa silenciada y medios
cómplices de sus acciones.
La Presidenta fue más lejos: no
se trata de un decreto de
expropiación (que era quizá lo
que esperaba la derecha), sino,
con pruebas en mano (más de 20
mil fojas en el que se detallan
los pormenores del despojo)
apeló a la transparencia y puso
el tema en el tapete político,
en la agenda de los poderes
legislativo y judicial. El
proyecto legislativo insta a la
formación de una comisión
parlamentaria, con
representantes de todos los
partidos, para controlar el
cumplimiento de lo que sería un
trato igualitario que
democratice la información.
Sin duda, el lenguaje
periodístico-político opositor
se ingeniará para calificar ese
recorrido que democratiza la
palabra como autoritario,
arbitrario, totalitario,
chavista, adelanta el analista
Mario Wainsfeld.
Pero algunos dirigentes de la
oposición fueron cautos: el
radical Ricardo Alfonsín
consideró que la mandataria
"hizo lo que tenía que hacer" al
presentar el informe ante la
Justicia, pero prefirió no
opinar "sobre la cuestión de
fondo" por no poseer "elementos
de juicio".
Coincidió con el gobernador
socialista Hermes Binner, en
respaldo a la decisión de
concurrir a la Justicia para
profundizar la investigación.
Este seguimiento parlamentario
debe hacerse por medio de un
marco regulatorio que nunca se
hizo, dijo, y añadió que los
miembros de esa comisión podrán
participar como observadores de
las reuniones del directorio de
Papel Prensa. El objetivo es
darle un trato igualitario a
todos los diarios del país,
buscando ampliar la capacidad de
producción de Papel Prensa para
que no haya más importación. Con
esta decisión, la Presidenta
obligará a todo el arco opositor
a discutir sobre un proyecto
esencial "para la libertad de
prensa", tal como fue definido
por la propia mandataria.
Al comenzar su presentación, la
mandataria mostró ante todos las
portadas de Clarín y La Nación
de este día que dicen que el
gobierno avanza sobre Papel
Prensa para controlar la palabra
impresa con lo cual están
reconociendo, sostuvo, que ese
control en realidad hoy está
bajo los accionistas
mayoritarios de esa Papel
Prensa, que son ambos diarios.
La investigación de la Comisión
Especial demostró cómo esos
medios, que hoy mencionan el
tema de la seguridad jurídica,
firmaron la compra de las
acciones a una familia, como la
del banquero David Graiver,
muerto en un sospechoso
accidente en México en agosto de
1976, familia que luego sería
secuestrada y torturada, y de
otros empresarios que corrieron
la misma suerte también a fines
del 76 y principios del 77.
La presidenta se refirió a
documentos donde los mismos
directores de Clarín y La Nación
cuando pasaron a controlar Papel
Prensa reconocieron los acuerdos
previos con la junta militar,
con la cual brindaron, como se
registra en diversas fotografías
de la época, en las que se ve a
Bartolomé Mitre de La Nación y a
Ernestina Herrera de Noble,
actual directora de Clarín,
brindando con el dictador Videla.
Ambos directivos se beneficiaron
luego de la quiebra del diario
La Razón, en 2000, y mediante un
pacto se aseguraron el control
accionario de Papel Prensa,
montando así un monopolio en
perjuicio de todos sus
competidores.
Cristina Fernández dijo que se
demostró que Lidia Papaleo de
Graiver, viuda de David Graiver,
el dueño de Papel Prensa, fue
forzada bajo torturas en el
centro clandestino de detención
Puesto Vasco a firmar la cesión
de la empresa a sólo unos días
de que la junta militar
decidiera la interdicción de los
bienes de esa familia, ya que
una vez tomada esta medida no se
iba a poder concertar la
negociación. El objetivo de los
secuestros fue que los Graiver
ni sus socios cobraran siquiera
el precio vil que le habían
puesto a sus acciones,
El síndico general de la nación,
Daniel Reposo, dijo previamente
que el informe dejó al
descubierto la connivencia de
sectores del poder civil con la
dictadura, apropiándose de
bienes de personas en total
estado de indefensión, como es
el caso de Lidia Papaleo de
Graiver, que más adelante fue
detenida entre 1977 y 1982, años
en los que fue reiteradamente
torturada y violada.
"Estando desaparecida (…) me
llevaban a declarar envuelta en
una manta gris, porque estaba
totalmente quemada, perdí mis
pechos, mi abdomen y también mis
genitales durante la tortura y
me operaron en la cárcel de un
tumor cerebral por los golpes
que recibí", declaró Lidia
Papaleo durante la
investigación.
Lidia fue obligada a vender las
acciones de la papelera (las que
le correspondía por la sucesión)
el 2 de noviembre de 1976.
"Lidia debía presentar un
escrito ante el juez de menores,
en representación de su hija,
que era menor de edad. Pero el
magistrado nunca aprobó la
venta.
Sin embargo, a los cinco días de
firmar el último papel, la
detienen", contó la Presidenta.
Eso fue en marzo de 1977.
La serie de irregularidades
incluye la venta a una empresa
de papel (valga la redundancia)
como Fapel, que luego desaparece
para surgir bajo los nombres de
los compradores reales: los
dueños de Clarín, La Nación y La
Razón. Cristina Fernández
recordó que 28% de acciones que
minoritariamente posee el Estado
no son de un gobierno, ni de
este, ni de otros", y pidió a la
Procuraduría del Estado y a la
Secretaría de Derechos Humanos
que hagan presentaciones
judiciales con estos
expedientes.
"Yo tengo la certeza de cómo
sucedieron las cosas, pero son
los jueces los que deben juzgar
y los que pueden condenar. Creo
en serio en la división de los
poderes del Estado y en la
posibilidad de superar esta
situación que lleva 33 años de
oscurantismo y ocultamientos",
concluyó.
"Con la Justicia por un lado, y
el Parlamento por el otro,
estamos confiados en que la
democracia pueda pasar esta
prueba. Queremos una democracia
sin tutelaje y una sociedad sin
miedo", concluyó la mandataria.
Durante décadas, Papel Prensa
controló el mercado con
prácticas monopólicas. El Estado
nacional fue un socio bobo, mudo
y sumiso ante un poder fáctico
superior al de sucesivos
gobiernos, dictatoriales o
democráticos, señala Wainsfeld
en Página 12.
El Congreso deberá analizar un
proyecto de ley (cuyo texto no
se conoce aún) declarando de
interés público la producción de
papel para diarios y formando
una comisión bicameral para el
seguimiento de esa actividad.
Mientras, el procurador del
Tesoro, Joaquín Da Rocha, y el
secretario de Derechos Humanos,
Eduardo Luis Duhalde, tendrán a
su cargo la misión de preparar
la vía judicial, para terminar
con tanta impunidad y demandar a
quienes cometieron crímenes de
lesa humanidad para beneficiarse
económica y políticamente.
- Aram Aharonian es periodista
uruguayo-venezolano, fundador de
Telesur,
director del Observatorio en
Comunicación y Democracia (ULAC)
Agencia Latinoamericana de
Información
info@alainet.org
Gentileza:: Alai-AmLatina
[alai-amlatina@alai.info]
paginadigital |
