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Estados Unidos: Migrantes,
drogas e hipocresía
La
Jornada,
México
De acuerdo con un análisis
editorial publicado ayer por The
New York Times, la reciente
masacre de 72 migrantes centro y
sudamericanos en Tamaulipas
confirma que el gobierno de
Washington ha delegado en los
señores de las drogas el manejo
de su política de abasto
migratorio, como lo hizo
anteriormente con el suministro
de estupefacientes, y los
resultados están claros.
Con crudeza inusual, el rotativo
neoyorquino señala que "los
cárteles mexicanos son
alimentados por Estados Unidos
con dinero en efectivo, armas
pesadas y adicciones", en tanto
el flujo humano hacia el norte
es alimentado por nuestra
demanda de mano de obra barata.
En tal circunstancia, las
organizaciones del narcotráfico
–capitalistas oportunistas– han
incursionado en el negocio del
tráfico de personas: los
inmigrantes indocumentados son
en cierto sentido mejores que la
cocaína, porque se les puede
obligar a pagar rescate y ser
convertidos en transportadores
de droga.
El editorial referido no sólo se
inscribe en los señalamientos
sobre la vinculación creciente
entre narcotráfico y trata de
personas –vínculo que resultó
bárbaramente evidenciado por la
masacre de centro y
sudamericanos en Tamaulipas–,
sino se suma a señalamientos
acerca de la inacción de
Washington en materia de combate
a las drogas.
Numerosos analistas han
expresado dudas sobre el
compromiso real del gobierno
estadunidense en ese empeño
impuesto por él mismo a otros
países del continente, y para
fundamentar la sospecha se
señala, entre otros hechos, la
supuesta incapacidad del aparato
policial, militar y tecnológico
más poderoso del mundo para
detectar e interceptar la
inmensa mayoría de los embarques
de estupefacientes ilícitos que
cruzan la línea fronteriza entre
México y Estados Unidos o que
ingresan a la nación vecina por
mar o por aire. Una vez que las
sustancias ilícitas llegan a ese
país, son distribuidas y
comercializadas sin mayores
contratiempos desde el río Bravo
hasta Canadá, y desde el
Pacífico hasta el Atlántico.
La inconsistencia entre el
discurso oficial de Washington y
sus acciones para detener el
tráfico de estupefacientes en su
propio territorio es simétrica a
la incongruencia que existe
entre la políticas oficiales en
materia de migración,
persecutorias y represivas,
tanto en lo federal como en los
ámbitos estatales, y la evidente
necesidad de la economía
estadunidense de nutrirse con
mano de obra barata que no puede
provenir más que de los
trabajadores extranjeros,
latinoamericanos en su mayoría,
que llegan al país sin
documentos migratorios.
En uno y otro ámbitos se pone de
manifiesto, pues, una hipocresía
que a decir de The New York
Times llega hasta el punto de
usar a los cárteles mexicanos
como la válvula que controla el
caudal migratorio. En la medida
en que tales ejercicios de
simulación sean ciertos –y todos
los elementos de juicio apuntan
a que lo son–, resulta
inevitable preguntarse si
semejantes abismos entre las
leyes y la práctica
gubernamental y empresarial no
configuran un gigantesco fraude
a la comunidad internacional y a
la propia opinión pública
estadunidense, mayoritariamente
intoxicada por una propaganda
que presenta, por un lado, a un
país inmaculado, próspero, sano
y regido por el derecho, y por
el otro, a un conjunto de
naciones que invaden el
territorio estadunidense con
drogas ilícitas y con migrantes
delictivos y peligrosos.
En todo caso, queda claro que el
lugar de los segundos en el
narcotráfico no es el de
protagonistas, sino en todo caso
el de víctimas, y que son las
propias autoridades de Estados
Unidos las que por medio de
estrategias fallidas, si no es
que malintencionadas, las que
han creado esa circunstancia.
La conclusión inevitable de esta
reflexión es que Washington
carece de autoridad moral para
dictar, acordar o sugerir
acciones en materia de combate a
la delincuencia organizada y, en
particular, al tráfico de
drogas, y que si bien es cierto
que tales fenómenos, habida
cuenta de su carácter global,
deben ser enfrentados en forma
multilateral y concertada, las
estrategias correspondientes
deben ser formuladas en
negociaciones equitativas y
respetuosas de las soberanías.
En este punto, a las autoridades
mexicanas corresponde abandonar
la sumisión con la que han
actuado y asumir de una vez por
todas que Estados Unidos no
puede ser visto como fuente de
soluciones, sino como parte del
problema.
Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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