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50 años de Reforma Agraria
Paco
Azanza Telletxiki
ALAI AMLATINA
La Constitución de 1940
contemplaba una reforma agraria,
pero hasta 1959 ningún gobierno
cumplió con su obligación de
llevarla a cabo. Comportamiento
comprensible -aunque
inaceptable- ya que más del 80%
de las mejores tierras cubanas
estaban en manos de un grupo de
compañías norteamericanas, y,
desde 1902, todos los gobiernos
de la Isla –excepto el llamado
"de los Cien Días", que por eso
mismo fue derrocado- siempre
fueron proyanquis. Hubo de
triunfar la Revolución, pues,
para que la Ley de Reforma
Agraria se pusiera en marcha.
Aprobada diez días antes, fue
firmada el 17 de mayo de 1959,
tres meses y medio después del
triunfo, en La Plata, Sierra
Maestra. Y supuso la eliminación
de la cruel y enajenante
explotación del campesinado
cubano por parte de los
terratenientes. Esta ley tuvo su
antecedente, sin embargo, ya que
Fidel firmó la Ley No. 3 sobre
el derecho de los campesinos a
la tierra. Todavía en guerra,
ésta entró en vigor en todos los
territorios liberados, como
ejemplo vivo de lo acordado por
las masas campesinas
representadas en el Congreso en
Armas.
En aquella primera ocasión, los
campesinos beneficiados fueron
340, que, junto a sus familias,
se convirtieron en propietarios
de la tierra que trabajaban.
Obviamente, acabada la guerra,
la Reforma Agraria del 17 de
mayo supuso una mejora
infinitamente superior en todos
los sentidos; aquí estaríamos
refiriéndonos a más de 200.000
campesinos los beneficiados con
el reparto de las tierras
-cuatro millones de hectáreas
aproximadamente-. Además las
mejoras no se limitaron a la
entrega de éstas, sino que
también supusieron el acceso por
parte del campesinado a
servicios tan elementales como
la asistencia médica, las
escuelas y los maestros, entre
otros, que antes siempre se les
había negado.
La Ley de Reforma Agraria fue un
compromiso recogido en el
Programa del Moncada que,
cumplido en la fecha indicada
tras quedar nacionalizadas todas
las propiedades de más de 420
hectáreas, supuso la
desaparición definitiva del
latifundio. Posteriormente, una
segunda Ley de Reforma Agraria
-1961- limitó el tamaño de las
propiedades a un máximo de 66
hectáreas, con lo que la
burguesía de este sector quedó
prácticamente eliminada. Ese
mismo año nació la Asociación
Nacional de Agricultores
Pequeños –ANAP-, que tan
importante papel jugó –y juega-
en la organización de los
campesinos.
De más está decir que la puesta
en vigor de la ley que nos ocupa
chocó frontalmente con los
intereses económicos de los
norteamericanos. No en vano,
como consecuencia de aquella
medida revolucionaria, las
compañías azucareras perdieron
más de 674.000 hectáreas de
tierras, así como varios
millones de dólares por futuras
exportaciones del cultivo
comercial.
De todos modos, las medidas
adoptadas por el gobierno a
través del Instituto Nacional de
la Reforma Agraria –INRA-,
creado en 1959 para ejecutar las
políticas económicas y sociales
relacionadas con la reforma
agraria, no fueron
discriminatorias, ya que fueron
dirigidas contra todos los
terratenientes, sin importar su
nacionalidad; y además, como ya
ha quedado dicho, estaban
amparadas por la Constitución de
1940. Por otra parte, la forma
de indemnización fue bastante
más generosa que en la ley
agraria impuesta por Estados
Unidos a Japón en la postguerra:
ésta sólo otorgaba el 2,5% de
interés anual y los pagos en
veinticinco años; y con la Ley
de Reforma Agraria cubana la
amortización pagadera se situó
en veinte años y un 4,5 % de
interés anual.
Por si fuera poco, el gobierno
revolucionario planteó repetidas
veces su disposición a
renegociar estos términos, pero
Estados Unidos declinó la
propuesta renegociadora –no así
el resto de los países
afectados- y prefirió mantener
las indemnizaciones como una
deuda aún no pagada.
Conviene recordar que las
tierras fueron compradas por los
capitalistas yanquis a precios
irrisorios. En 1901, por
ejemplo, un tal Preston llegó a
comprar 75.000 hectáreas en la
zona de la Bahía de Nipe –hoy
provincia de Holguín- por
400.000 dólares, es decir, a
menos de seis dólares la
hectárea. Amparado en la Ley de
Reforma Agraria, las tierras del
central Preston fueron
expropiadas por el gobierno
revolucionario el 14 de mayo de
1960. Entregadas a los
campesinos, esta zona adoptó el
nombre de Guatemala en homenaje
al pueblo al que, en 1954, la
propia United Fruit Company
había frustrado la reforma
agraria mediante el
derrocamiento del gobierno
legítimo y popular de Jacobo
Arbenz.
Quizá porque la familia de Fidel
poseía miles de hectáreas de
tierra en Birán, provincia de
Holguín y pueblo natal del
Comandante, muchos enemigos se
hicieron falsas ilusiones
pensando que triunfada la
Revolución sus dirigentes no se
atreverían a tanto. Pero se
equivocaron.
Fidel cumplió su promesa de
llevar a cabo la Ley de Reforma
Agraria, y las tierras de su
familia fueron igualmente
entregadas a los campesinos,
tras ser nacionalizadas por el
propio Fidel con su firma como
Primer Ministro, primero, y como
Presidente del INRA después.
El 19 de mayo de 1960, el
periódico Sierra Maestra publicó
en una de sus páginas lo
siguiente: "Los maledicentes que
siempre pensaron que la Ley de
Reforma Agraria no alcanzarían
los predios de Sabanilla de
Birán, por el hecho de ser de la
familia del máximo líder,
tendrán ahora que morderse la
lengua al contemplar cómo la
primera tierra que se reparte en
el municipio de Mayarí, es la
del propio Fidel Castro".
Expropiadas las citadas tierras,
éstas fueron repartidas entre
204 familias.
Ante la necesidad de elevar la
producción y con el propósito de
relanzar al sector agrícola, el
pasado año se aprobó el
Decreto-Ley 259 sobre la entrega
de tierras ociosas en usufructo.
La iniciativa está teniendo
buena acogida; hasta el momento
ya se han entregado más de un
millón de hectáreas entre los
miles de solicitantes; muchos de
los cuales nunca antes habían
tenido contacto laboral con el
campo. A partir de 1959, pues,
el 17 de mayo siempre está
presente en la memoria del
campesinado cubano, y también en
la del resto del pueblo.
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