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Da a conocer la UNAM
resultados de la Segunda
Encuesta Nacional de Cultura
Constitucional
La Jornada
La grave situación que vive
el país amerita un "rediseño del
Estado" Corrupción, impunidad e
intereses extralegales impiden
que la justicia funcione,
responden
El incumplimiento de las leyes
implica el deterioro de las
instituciones y su legitimidad,
agregan
Luego de la balacera ocurrida en
el exterior del estadio de
futbol de Torreón, se incrementó
la seguridad en otras plazas. La
imagen corresponde a Monterrey,
donde el conjunto local Rayados
se enfrentó ayer con el equipo
estadunidense Seattle
SoundersFoto Reuters Emir
Olivares Alonso
La ciudadanía considera que la
situación que hoy se enfrenta en
México empeorará el próximo año,
revela la Segunda Encuesta
Nacional de Cultura
Constitucional: legalidad,
legitimidad de las instituciones
y rediseño del Estado, elaborada
por especialistas del Instituto
de Investigaciones Jurídicas (IIJ)
de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM).
El estudio –aplicado en mayo de
este año a 2 mil 208 personas
mayores de
15 años– indica que los
encuestados calificaron la
actual situación del país como
"muy negativa"; 70 por ciento
consideró que en relación con
2010 ésta empeoró o sigue mal y
más de la mitad tiene
perspectivas pesimistas para
2012.
Tras los resultados, los
universitarios concluyeron que
corrupción, impunidad e
intereses extralegales impiden
que la justicia funcione en
México, además de que los tipos
de relaciones establecidas desde
hace tiempo entre el ciudadano y
los gobernantes "impiden el
cumplimiento y respeto de las
leyes, lo que ha implicado el
deterioro de las instituciones y
su legitimidad, cuya
restauración requiere un
rediseño del Estado".
La encuesta, dirigida por el
director del IIJ, Héctor Fix-Fierro,
asienta que son las
universidades públicas del país
las instituciones que más
confianza generan entre los
ciudadanos; en una escala de
cero a diez, éstas obtuvieron el
promedio más alto: 7.1.
Los maestros ocupan el segundo
lugar en el nivel de confianza
con 7 puntos, seguidos por el
Ejército con 6.8, la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos
y los medios de comunicación con
6.7, mientras que los diputados,
los partidos políticos y la
policía se situaron en los
últimos sitios de esta escala
con un puntaje de 5.6, 5.5 y 5.4
puntos, respectivamente.
Asimismo, 60 por ciento de los
encuestados en este estudio –que
tiene un nivel de confianza de
95 por ciento– manifestaron que
los gobernadores y los
presidentes municipales hacen
"poco" caso al ciudadano y poco
más de la mitad cree que los
jueces y magistrados incurren en
la misma falta; en lo que toca
al Presidente de la República y
los legisladores, esta
proporción es menor a 50 por
ciento.
Para obtener los resultados de
la investigación se dividió el
país en cuatro regiones y el
cuestionario se aplicó vivienda
por vivienda. En su realización
participaron reconocidos
investigadores del IIJ, como
Diego Valadés, Sergio López
Ayllón y Julia Flores, quien
coordinó el análisis.
En lo referente a la seguridad
pública, uno de cada tres
entrevistados manifestó temer al
robo con violencia, a 27. 2 por
ciento le preocupa ser víctima
del narcotráfico y dos de cada
diez expresaron su miedo al
abuso de las fuerzas de
seguridad pública.
Cerca de siete de cada diez
entrevistados señalaron que en
ocasiones no están dispuestos a
apoyar las políticas del
gobierno contra la inseguridad y
75.7 por ciento consideró que
debería transparentarse la
información relacionada con la
lucha contra el narcotráfico.
Nueve de cada diez rechazaron
ser investigados sin orden
judicial.
Los encuestados afirmaron que la
justicia en México no funciona
adecuadamente por la corrupción,
la impunidad y la presencia de
intereses extralegales; 47.7 por
ciento señaló que su
funcionamiento no es el idóneo y
22 por ciento ubicó en la
corrupción el problema principal
en la impartición de justicia.
Casi seis de cada diez (55.8 por
ciento) señalaron que los
derechos humanos se respetan
poco o nada en el país y la
mitad valoró el amparo como
medida de defensa legal poco
efectiva frente al gobierno.
Esta segunda encuesta replica
los resultados obtenidos en el
primer ejercicio elaborado por
los universitarios en 2003,
donde la opinión ciudadana tenía
como referente el incremento de
crímenes como robo y secuestro,
en tanto que en el estudio
actual este rubro fue ocupado
por la violencia generalizada y
la delincuencia.
Otros resultados muestran que 70
por ciento de los entrevistados
aprobarían la convocatoria de un
congreso para elaborar una nueva
Constitución. Además, seis de
cada diez encuestados están de
acuerdo con la revocación del
mandato presidencial, en caso de
que el Ejecutivo infringiera la
Carta Magna, y más de la mitad
rechazó la posibilidad de
relegir al Presidente de la
República, diputados, senadores,
gobernadores o presidentes
municipales.
Finalmente, 60 por ciento
expresó estar "en desacuerdo" o
"muy en desacuerdo" con que los
ministros religiosos opinen
sobre política durante sus
servicios y se opuso a la
enseñanza de religión en
escuelas públicas.
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Gentileza:: Guillermo C. Cohen-DeGovia
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