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¿Legalizar la arbitrariedad y
la censura?
Editorial
de LA JORNADA
El titular del Ejecutivo
federal, Felipe Calderón
Hinojosa, envió el pasado
miércoles a la Cámara de
Diputados una iniciativa para
renovar el Código de
Procedimientos Penales que daría
margen legal para realizar
detenciones arbitrarias en caso
de urgencia", incorporaría al
marco legal del país un sistema
de "investigación sin
autorización judicial", que
incluya el cateo de domicilios
por denuncia anónima, la
revisión de personas y vehículos
y la intervención de
comunicaciones entre
particulares, y sentaría las
bases para integrar un cuerpo de
"agentes infiltrados".
Tales medidas, se sabe desde
siempre, no llevan al
mejoramiento de la seguridad
pública, sino a la instalación
de un Estado policial, a la
criminalización de las
disidencias políticas y sociales
y a una mayor desprotección de
la sociedad en su conjunto. La
criminalidad no va a reducirse
por la vía de disminuir o
cancelar derechos, libertades y
garantías y abrir resquicios
jurídicos en los que puedan
prosperar con impunidad la
represión, la venganza política
y otras conductas
discrecionales, abusivas y
autoritarias.
Es pertinente analizar con más
detalle un punto particular de
la iniciativa: la posibilidad de
restringir e incluso impedir la
difusión de información
relacionada con secuestros "que
ponga en riesgo la intimidad y
la privacidad de la víctima u
ofendido, de testigos o menores
de edad", a efecto de
"garantizar su protección".
Para efectos prácticos, la
interpretación de semejante
normativa podría traducirse en
una prohibición general de
informar sobre la comisión de
secuestros, modalidad delictiva
que se ha incrementado durante
la administración en curso, y no
por culpa de los medios. Sin
embargo, la eliminación de
menciones de éste u otros
delitos en páginas y noticieros
no produciría una disminución de
los secuestros ni atenuaría en
forma alguna la desprotección de
sus víctimas; simplemente, daría
paso a una sociedad más
desinformada y, por ello, más
vulnerable.
En términos generales, la tarea
de informar requiere de
responsabilidad y conciencia de
las posibles implicaciones y
consecuencias de lo que se
difunde. En el marco legal
actual del país existen
instrumentos para castigar a
informadores y medios que
afecten a terceros o, peor aún,
que faciliten las tareas de la
criminalidad y obstaculicen las
de las autoridades. Fuera de
esos casos, la regulación con
que deben operar los medios de
comunicación debe derivar de la
prudencia, la ética y el rigor
periodístico de los propios
informadores, así como de la
opinión pública a la que se
deben; la mayor sanción
imaginable, en esta lógica, es
la pérdida de credibilidad y el
repudio social.
La pretensión de regular por
medio de leyes el ejercicio
informativo en cualquier tema o
modalidad equivale a proponer
una restitución de facultades
censoras formales abolidas desde
hace mucho tiempo. Si,
careciendo de ellas, el poder
público ha logrado en diversos
momentos encuadrar a
informadores y medios en una
uniformidad noticiosa muy
próxima al discurso oficial,
cabe imaginarse lo que podría
ocurrir si se fijara un margen
legal para que autoridades de
distintos niveles decidieran qué
se puede publicar y difundir y
qué no.
Si la posibilidad de que el
poder público se erija en
instancia de control informativo
resulta inadmisible bajo
cualquier régimen, lo es aún más
bajo uno que ha incumplido
responsabilidades
constitucionales elementales en
materia de preservación de la
seguridad, la paz pública y las
garantías individuales; que ha
alimentado el uso abusivo y
distorsionado de las leyes e
instituciones del país, y que ha
contribuido, con ello, a un
quebranto generalizado del
estado de derecho. Habida cuenta
de la proliferación de abusos y
atropellos contra la población
civil en el contexto de la
militarización del territorio, y
del uso faccioso de las
instancias de procuración de
justicia, hay razones para temer
que el código referido, de ser
aprobado, daría lugar a abusos y
extralimitaciones en el control
de la información.
Cuando se ensancha el margen de
maniobra para que el poder
político actúe en forma abusiva
y autoritaria se incrementan las
probabilidades de que termine
por hacerlo. Cabe demandar, en
suma, que la propuesta comentada
sea rechazada por el
Legislativo, y que la sociedad
en su conjunto se mantenga
alerta y se oponga a los
intentos por reducir los
derechos, libertades y garantías
que constituyen arduas
conquistas históricas. Su
defensa no sólo no es
incompatible con el combate a la
criminalidad sino que
constituye, a fin de cuentas, la
principal razón de ser del
Estado.
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