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La última arremetida
represiva en Irak
Patrick
Cockburn
El gobierno iraquí está
haciendo cuanto puede para
silenciar las voces críticas que
le acusan de galopante
corrupción eliminando a los
funcionarios que tratan de
procesar a los mafiosos e
intimidando a los políticos y
periodistas que les apoyan. Este
pasado mes de septiembre,
obligaron a dimitir al director
del observatorio contra la
corrupción. Y a un importante
periodista iraquí, al que habían
amenazado por dirigir las
protestas contra el gobierno, le
metieron dos tiros en la cabeza
cuando se hallaba en su hogar en
Bagdad.
Cada vez hay sentimientos más
fuertes de rabia entre el pueblo
iraquí frente a una elite
gobernante dedicada a robar y
malversar gran parte de los
2.000 millones de dólares que se
obtienen a la semana en ingresos
del petróleo, lo que merma en
gran medida los fondos
disponibles para electricidad,
agua, atención sanitaria,
vivienda, educación y hasta la
recogida de basuras.
Transparencia Internacional ha
informado que el pasado año Iraq
fue el cuarto país más corrupto
del mundo, de entre los 178
investigados.
El primer ministro, Nuri al-Maliki,
y su gobierno parece que han
decidido hacer frente a las
acusaciones devolviendo el golpe
a sus acusadores. Ahora están
intentando eliminar la inmunidad
parlamentaria de un diputado
independiente, Sabah al-Saadi,
ex presidente del comité
parlamentario para la
integridad, para poder
arrestarle tras las acusaciones
que ha presentado contra Maliki.
Tan pocos son los funcionarios a
los que se procesa o acaban
perdiendo su empleo por motivos
de corrupción en Iraq, que es
difícil demostrar lo extendida
que está, aunque la mayoría de
los iraquíes tienen claro que no
hay trabajo ni contrato que se
conceda sin pagar sobornos. Un
informe publicado esta semana
por el International Crisis
Group, que tiene su sede en
Bruselas, titulado "Failing
Oversight: Iraq's Unchecked
Government", relata cómo se
obligó a dimitir al ministro
para la electricidad "acusado de
haber firmado contratos
multimillonarios con una
compañía fantasma canadiense
[que tenía dirección física pero
ni tenía activos ni operaba] y
una compañía alemana declarada
en bancarrota".
Anteriormente, este mismo año,
Saadi avergonzó al gobierno
revelando que habían arrestado
al general a cargo de su equipo
de reacción rápida por haber
aceptado un soborno de 50.000 €
en una operación fraudulenta.
El informe del ICG dice que el
gobierno de Maliki se ha
empleado a fondo para impedir
que se descubra el saqueo
oficial bloqueando los esfuerzos
para reforzar las instituciones
estatales encargadas de
investigar y procesar los
hechos. Se cita a un inspector
general iraquí diciendo que las
estructuras para luchar contra
la corrupción son "como una
aspirina para el cáncer iraquí".
Al juez Rahim al-Ugaili,
director de la Comisión por la
Integridad, uno de los
principales órganos de control,
le obligaron a dimitir de su
puesto el 9 de septiembre
pasado. El juez declaró que
había dimitido porque el
gobierno no apoyaba sus
esfuerzos contra la corrupción y
en cambio se dedicaba a
interferir políticamente en su
trabajo.
Un alto funcionario de la
embajada de EEUU testificó ante
el Congreso que la oficina del
Primer Ministro había emitido
"órdenes secretas" a la Comisión
por la Integridad, prohibiéndole
que trasladara a los tribunales
los casos en los que hubiera
implicados "antiguos o actuales
funcionarios de alto rango del
gobierno iraquí, incluido el
primer ministro… La orden
secreta es, literalmente, una
licencia para robar".
Los críticos al gobierno dicen
que han recibido amenazas
violentas. El mismo día que
obligaron a dimitir de su puesto
a Ugaili, un popular locutor de
radio, Hadi al-Mahdi, recibió
dos tiros en la cabeza en su
piso en el normalmente seguro
distrito de Karrada de Bagdad.
Su asesinato se produjo justo
antes de que tuviera lugar una
manifestación contra la
corrupción y el autoritarismo
organizada por él.
Mahdi dirigía un programa de
radio sin pelos en la lengua
llamado "A quienquiera que
escuche", muy crítico con el
gobierno. Hace dos meses, se vio
obligado a suspenderlo ante los
riesgos que su seguridad corría.
Este año le había dicho a
Amnistía Internacional que a él
y a otros tres periodistas más
les habían arrestado en una
concentración de protesta y les
había llevado a un cuartel del
ejército donde les golpearon,
les aplicaron descargas
eléctricas y les amenazaron con
violarles. Varias horas antes de
que le dispararan Mahdi publicó
una nota en Facebook diciendo
que sentía que estaba en
peligro. "Llevo dos días
aterrorizado", escribió.
La razón para la dimisión de
Ugaili muestra que la corrupción
en Iraq ha alcanzado niveles de
saturación. El informe del ICG,
citando fuentes gubernamentales,
dice que en 2011, la Comisión
por la Integridad y el Consejo
Superior de Auditoría ha
identificado cientos de
compañías fantasmas en el
extranjero vinculadas con altos
funcionarios del gobierno en el
ministerio de defensa y en la
oficina del primer ministro.
Habían ganado contratos en Iraq,
muchos de las cuales nunca se
llevaron a cabo a pesar de estar
pagados. Cuando Ugaili intentó
que los tribunales
intervinieran, el gobierno le
bloqueó y él dimitió.
Patrick Cockburn es autor de
“Muqtada: Muqtada Al-Sadr, the
Shia Revival and the Struggle
for Iraq”.
Traducido del inglés para
Rebelión por Sinfo Fernández
FUENTE:CounterPunch
www.resumenlatinoamericano.org
Gentileza:: Resumen
Latinoamericano
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